24 noviembre, 2014

La Corte creó un Cuerpo de Peritos anticorrupción

ATENTO ONG  /  OSC en Incidencias en Políticas Públicas

La Corte creó un Cuerpo de Peritos anticorrupción

Lo resolvió mediante una acordada firmada este martes. El nuevo Cuerpo estará compuesto por diez expertos bajo la superintendencia directa del Máximo Tribunal y actuará a requerimiento de los jueces penales. El Tribunal manifestó que buscaba mayor eficacia en el desempeño de la función judicial.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó este martes la Acordada 34/2014 por la cual se dispuso la creación de un Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación, Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Publica.
La medida, adoptada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, se decidió con el fin “de cumplir con el objetivo constitucional de afianzar la justicia, así como también la necesidad de profundizar los cambios tendientes a lograr el más eficaz desempeño de la función judicial en todas las instancias y jurisdicciones de la Nación.”.
Según el texto de la acordada, esos objetivos adquieren mayor relevancia cuando se trata de supuestos que se traten de delitos contemplados en dos Convenciones Internacionales: la “Convención Interamericana contra la Corrupción”, que se aprobó en el país con la Ley 24.759, y la Convención de la Organización de la Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por la Ley 26.097. En ambas, la República Argentina es parte.
El Máximo Tribunal destacó que es tarea “de todos los poderes del estado y, en particular, de los jueces agilizar los procesos en los que se combate la corrupción”. Lo que se vincula “con la necesidad de satisfacer el referido mandato constitucional, el valor de integridad de la función publica, la credibilidad que en ella deben tener los ciudadanos, así como el derecho de todo funcionario a obtener una sentencia definitiva”.
Todo eso llevó a la Corte a considerar necesario la dedicación de “esfuerzos presupuestarios a fin de contar con un cuerpo de peritos especializado en casos de corrupción y de criminalidad económica”. Ello también se debe, según la acordada, a que la investigación de estos delitos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 476 del Código Procesal Penal de la Nación. “demanda operaciones y conocimientos de alta especialización“.
La nueva dependencia, creada bajo la superintendencia directa de la Corte Suprema, y como complemento de los Cuerpos Técnicos Periciales y demás Peritos previstos en el articulo 52 del Decreto­ Ley 1285/58, de Organización de la Justicia, estará compuesta por diez expertos que deberán contar con los requisitos exigidos para ser perito ante el Tribunal, y serán elegidos por el Alto cuerpo mediante concurso. También contará con un decano, de quien dependerá el vicedecano
El cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Publica, actuará a requerimiento de los magistrados judiciales con competencia criminal. Según el Reglamento General del mismo, detallado en el anexo a la acordada “su objeto es el auxilio específico a los órganos jurisdiccionales de Ia justicia penal, en los casos en los que se investigue Ia comisión de delitos de corrupción y delitos contra Ia administración publica.
También deberá elaborar los informes “de su especialidad y sus respectivas conclusiones, en un tiempo razonable y sobre la base de actuaciones transparentes”. Tarea que, según el texto, será IIevada a cabo “mediante la actuación de profesionales, de reconocida solvencia y experiencia en las disciplinas científicas requeridas para el cumplimiento de aquellas funciones, elegidos mediante un concurso abierto de evaluación y antecedentes”.


Y el DEFENSOR JUDICIAL de los NIÑOS ???

Otra deuda con los chicos
Sigue pendiente la designación del defensor de los Derechos del Niño, una iniciativa que debió realizarse hace ocho años cuando se sancionó la ley 26.061.

Todos somos conscientes de son uno de los grupos poblacionales más vulnerables a la violación de sus derechos fundamentales. Pocos son los casos en que los niño/as y adolescentes pueden constituirse como grupo de presión, llegar a ser escuchados y que se tenga en cuenta su opinión.

Esta figura que aparenta tener poco renombre fue instituida nada menos que por la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, hace ocho años. Desde entonces no se dio ni un solo paso en miras a cumplir con ese requisito normativo.

La figura del defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes se erige como un mecanismo de exigibilidad de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales de toda la niñez y adolescencia en nuestro país; como herramienta de defensa y promoción.

Como órgano de control frente a las acciones u omisiones que violenten estos derechos, tanto provenientes del ámbito público como del privado y como instancia de vigilancia y monitoreo de los estándares propuestos por la Convención de los Derechos del Niño en cuanto a la aplicación de los tratados internacionales en materia de infancia y adolescencia.

La ley explica que el defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien designará una comisión bicameral que estará integrada por diez miembros, cinco de cada cámara respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición.

Las decisiones de esta comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus miembros. El defensor deberá ser designado dentro de los noventa (90) días de sancionada esta ley y asumirá sus funciones ante el Senado de la Nación, prestando juramento de desempeñar fielmente su cargo", expresa la normativa.

Fuente Diario Judicial

El AMOR después del AMOR....

Ni la muerte los separó: abuelos murieron tomados de la mano

La pareja de ancianos decidió terminar sus días juntos en su hogar, después de estar casados 62 años. Entrá a la nota y leé su historia.


http://www.cronica.com.ar/article/details/11986/abuelos-murieron-tomados-de-la-mano

Varsovia.... Ciudad que se une una vez al año

Cada 1ro de Agosto, la ciudad de Varsovia en Polonia se congela por un minuto. Te preguntaras para que motivo estas personas hacen esto. Lamentablemente hacen esto para conmemorar las perdida de mas de 200.000 personas, durante la ocupación alemana en la segunda guerra mundial. — en Varsovia, Polonia.

Ver el siguiente link.  www.facebook.com/photo.php?v=848428428522066


Leyes que fomentan la RSE - Responsabilidad Social Empresaria

Nueva ley de hidrocarburos que prevén aportes a las provincias productoras por parte de las compañías con Responsabilidad Social Empresaria (RSE); así como del Estado Nacional.

El Poder Ejecutivo Nacional negocia con los gobernadores de las provincias petroleras el dictado de una nueva Ley de Hidrocarburo que aporta un nuevo marco legal al negocio de los recursos petroleros y gasíferos. Sin embargo, la letra chica del anteproyecto que redactaron los funcionarios del Ministerio de Planificación con los aportes de los principales referentes de la empresa YPF S.A. y del Ministerio de Economía, resultó fuertemente rechazada por los máximos referentes de la Ofephi, el organismo que reúne a los estados productores de petróleo y gas. Aquí las principales claves del borrador final.


El “Acuerdo Federal para el Autoabastecimiento de Hidrocarburos , complemento normativo de las leyes Nº 17.319 y Nº 26.197 para la explotación no convencional y la promoción de la exploración y explotación de los hidrocarburos”, tal como se titula el documento, explica que “el descubrimiento en la República Argentina de importantes yacimientos de hidrocarburos de shale gas y shale oil (el cuarto a nivel mundial en petróleo y el segundo a nivel mundial, por su magnitud, en gas) implica un fuerte desafío y una inmejorable oportunidad de desarrollo. La explotación de esos yacimientos, que implica la utilización de esas nuevas tecnologías de extracción e importantes inversiones, requerirá adecuaciones legislativas importantes en todos los niveles de gobierno”.


Por ello, una de las primeras propuestas del texto es reducir los plazos de los permisos de exploración a los efectos de acelerar la inversión. Estos serán: para la exploración con objetivo convencional de tres a cinco años; mientras que la exploración no convencional de cuatro a cinco años. Para la exploración en la plataforma continental y en el mar territorial cada uno de los períodos del plazo básico podrá extenderse en un año.


Por su parte, en lo que se refiere a las concesiones de explotación, el proyecto mantiene el plazo previsto de 25 años para convencional, en tanto se extiende el plazo para la no convencional a 35 años y en aguas profundas a 30 años.  En tanto, los concesionarios tendrán derecho a solicitar una prórroga de 10 años para todos los casos, siempre que existiese inversión adicional y un incremento del 3% de las regalías aplicables.


A su vez, se establece que “los permisos de exploración abarcarán áreas cuyas superficies no exceda de 100 unidades. Los que se otorguen sobre la plataforma continental no superarán los 150 unidades”. Por su parte, el área máxima de una nueva concesión de explotación que sea otorgada en el futuro y que no provenga de un permiso de exploración, no podrá superar los 250 Km2. También, el titular de la concesión no convencional podrá desarrollar actividades complementarias de explotación convencional.


Respecto de las regalías, se reconoce a ese gravamen como único mecanismo de percepción de la renta petrolera sobre la producción por parte de las provincias. “El concesionario pagará mensualmente en concepto de regalías sobre el producido de los hidrocarburos un porcentaje del 12%, que el Poder Ejecutivo podrá reducir hasta un 5%”, dice el texto.


En tanto, se fija que se instrumentarán medidas con el propósito de favorecer el aumento de la recaudación con tales regalías mediante el incremento de inversiones y el consecuente aumento de la producción. Además se prevén aportes a las provincias productoras por parte de las compañías con Responsabilidad Social Empresaria (RSE); así como del Estado Nacional.


Uno de los artículos que genera mayores resquemores entre los gobernadores de Chubut, Río Negro y Mendoza –los que más resisten esta ley- es el que fija que las provincias no gravarán con el Impuesto a los Sellos los contratos, instrumentos financieros y otros relacionados con las inversiones hidrocarburíferas. En la etapa de explotación los contratos referidos a los servicios complementarios y de transporte relacionado con la actividad hidrocarburífera tendrán una alícuota del 0,7%. En el caso de la alícuota del Impuesto de Sellos no podrá superar el 0,5%.


También dicta que las provincias y el Estado nacional “no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas con participación estatal, cualquiera sea su forma jurídica”, y agrega respecto de las áreas que a la fecha hayan sido reservadas pero no cuenten con contratos de asociación con terceros, que “se llevarán adelante procesos competitivos y públicos con esquemas asociativos, en los cuales la participación de dichas entidades o empresas provinciales será proporcional a las inversiones comprometidas, no admitiéndose modelos de contratación y/o explotación en los cuales la participación de tales empresas no conlleve una contraprestación proporcional de inversiones”.


Además, el Estado nacional incorporará al Régimen de promoción creado por el decreto 929/2013 a los proyectos que impliquen una inversión directa de US$ 250 millones y sean invertidos durante los primeros tres años del proyecto.


Finalmente, a través de leyes de adhesión se procurará la unificación de los estándares de protección ambiental para la industria hidrocarburífera y la adopción de un régimen unificado de presupuestos mínimos en todo el país, sin perjuicio de la sanción de normas ambientales específicas en cada jurisdicción. Habrá que si finalmente se superan las diferencias y esta propuesta llega al Congreso para su debate.


Certificado Único de Discapacidad y sus beneficios.-

Los beneficios de tramitar el Certificado Único de Discapacidad

Menos del 8% de las personas con discapacidad tiene el documento que le permite acceder a cobertura en salud gratis y a muchas otras prestaciones

Por Iván Pérez Sarmenti  | Para LA NACION


María de los Ángeles Taraborelli tiene 28 años y desde los 15 padece una distrofia muscular que le impide desplazarse normalmente. Si bien puede caminar pequeñas distancias tiene dificultades, por lo cual muchas veces opta por usar silla de ruedas.
Ella integra el colectivo de más de 5 millones de personas que padecen algún tipo de discapacidad en la Argentina, según datos del último censo. Sin embargo, menos del 8% de este grupo tiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el documento que acredita esa condición y con el cual pueden acceder a múltiples beneficios, como el tratamiento médico integral y gratuito de su afección, entre otros.
Gracias al CUD, Taraborelli aprovecha los pasajes de larga distancia para ir junto a su novio a visitar a familiares y amigos a Bahía Blanca, y aunque no tiene auto propio utiliza el certificado de libre estacionamiento cuando otros la llevan. Sin embargo, muchas veces los lugares reservados para estacionamiento de personas con discapacidad están ocupados.
"La gente no se da cuenta de que me cuesta caminar y que por eso necesito estacionar en ese lugar. La mayoría de las veces los autos que están estacionados no tienen ninguna identificación de libre estacionamiento y cuando les reclamás no te dan bolilla", se queja.
Para Mercedes Peralta, responsable de la campaña Sacá tu CUD, que realizó la asociación civil La Usina urante los últimos dos años, el principal problema es que la gente no sabe de la existencia del certificado ni cuáles son sus beneficios. Y las estadísticas son más que elocuentes: según datos del Servicio Nacional de Rehabilitación (SNR), el organismo oficial encargado de emitir los certificados, hasta diciembre de 2013 habían entregado 400.628 comprobantes, de los cuales 206.024 se tramitaron a partir de julio de 2012. Mirando el vaso medio lleno, este último dato evidencia una tendencia positiva de obtener el certificado, pero todavía falta mucho camino por recorrer.
Además del desconocimiento, otra de las razones que aducen desde el SNR para justificar estos magros números es que todavía conviven algunos certificados provinciales con el nacional. Si bien todas las provincias adhirieron al CUD para tener un criterio uniforme (a excepción de la ciudad de Buenos Aires, que confían poder incorporar antes de fin de año), aún no todas las personas cambiaron sus certificados provinciales por el nacional porque mientras estén vigentes pueden acceder a los mismos beneficios. A medida que vayan venciendo deberán tramitar el CUD.
Los beneficios
Eleonora Cataldi tiene 58 años, desde 1996 padece múltiples trastornos psiquiátricos y hace unos meses, cuando comenzó con su internación diurna, tramitó su certificado. "La junta fue muy minuciosa a la hora de evaluar su caso, tuvimos que llevar toda su historia clínica y varios papeles más. Pero con el CUD ahora la prepaga cubre su internación y toda la medicación en un 100%. Sin el certificado, sólo se hacían cargo de un mes de internación y del 40% del valor de los remedios", explica una de sus hijas, que calcula que gracias al certificado evitan pagar unos 18 mil pesos mensuales, que no tendrían forma de afrontar. "La mayoría de quienes lo tramitan lo hace como puerta de entrada a un beneficio.
El certificado no es obligatorio, pero sí es necesario para poder acceder a los beneficios", explica Marcela Gaba, directora del SNR. Con este documento, las personas con discapacidad pueden acceder a la cobertura médica total y gratuita de todo lo que involucre su discapacidad,transporte terrestre gratuito de corta y larga distancia, franquicias para comprar autos, certificado de libre tránsito y estacionamiento, y exención de patentes y demás impuestos, entre otros beneficios.
Con el certificado también se puede facilitar la obtención de una pensión a quienes presenten un 76% o más de invalidez, sumar la asignación por hijo con discapacidad a la existente por hijo y derivar la pensión de los padres que tengan a cargo un hijo con discapacidad en caso de fallecimiento. Por otro lado, el CUD puede ser también la posibilidad de acceder a un trabajo por medio de la bolsa de empleo en organismos estatales (por ley, el 4% de su plantel debe ser ocupado por personas con discapacidad).
Además, para estimular la contratación en el ámbito privado, los empleadores de una persona con certificado obtienen una serie de beneficios impositivos, como la deducción del impuesto a las ganancias del 70% de la remuneración y la exención del 50% de las cargas sociales durante el primer año y del 25% para el segundo, así como créditos especiales para financiar las obras para suprimir barreras arquitectónicas en el establecimiento.
"Tener el certificado es primordial si tenemos en cuenta que el 75% de las personas con discapacidad son desempleados, que casi el 44% es jefe o jefa de hogar, y que el 38,4% no tiene ningún tipo de cobertura médica. El CUD es una posibilidad para comenzar a revertir esta realidad", agrega Peralta desde La Usina, que desde 2012 con su campaña recibió más de 23.400 visitas a su página Web www.sacatucud.com.ar
Desde el SNR destacan que la Argentina fue el primer país del mundo en adoptar los criterios de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, CIF, que entre otras cosas establece abordar la discapacidad desde una mirada biopsicosocial, centrada en la desventaja en la integración social provocada por un problema de salud.
"Una persona con discapacidad no sólo tiene limitaciones en su salud, tiene también múltiples restricciones en su ambiente físico", sostiene Gaba, que estableció juntas evaluadoras multidisciplinarias, y agrega: "Por eso, el CUD no es un certificado médico y como la situación de la persona con discapacidad es dinámica, debe renovarse según lo indique la Junta Evaluadora Interdisciplinaria".
La renovación de los certificados muchas veces enoja a los beneficiarios y a sus familiares, que no comprenden por qué deben volver a ver a la junta si muchas veces su discapacidad es definitiva. Sin embargo, desde el SNR explican que como el CUD ofrece cobertura integral, cualquier situación que se genere posteriormente a su obtención y a partir de la discapacidad, como una depresión, por ejemplo, debe ser contemplada por la junta para que se incluya dentro de la cobertura y la persona pueda acceder al tratamiento.
Dónde tramitarlo
Hasta hace unos años, obtener o renovar el CUD era un trámite engorroso, que se realizaba en la sede central del SNR, pero ahora para facilitar y acelerar el trámite se puede tramitar en todos los municipios del país. Karina Chediex tenía 18 años cuando quedó ciega a causa de la diabetes y ya tramitó dos veces el certificado. "La primera vez fue muy complejo porque tuve que ir a Capital, a la calle Ramsay, donde había que hacer una cola enorme. Pero la segunda, en 2006, saqué turno en la Municipalidad de San Isidro y después fui al hospital zonal, donde presenté todos los papeles, me hicieron unas preguntas y a los 15 días pasé a buscarlo", recuerda. Chediex trabaja en Audela, una organización social para la integración social de personas con discapacidad, y por tener el CUD PAMI le cubre la totalidad de los gastos de insulina y de las tiras reactivas que utiliza para medir su glucosa. Pero también le permite salir a pasear con su hijo de 11 años, como cualquier madre. "Es una herramienta que está bueno tener porque nunca sabés dónde podés encontrar un beneficio", sostiene. Preguntando, descubrió que puede llevar gratis a su hijo al Zoológico de Buenos Aires y a Temaikèn, o tener descuento en las entradas del cine.
Lo que todavía falta
Aunque fue implementado hace varios años, aún hay mucho desconocimiento sobre el CUD. "Muchos pediatras y terapeutas no le cuentan a los padres sobre la existencia del certificado. Recién cuando tienen que empezar un tratamiento o ingresar a la escuela se enteran", sostiene Leandra Garófalo, directora de la escuela especial El Lucero del Alba, que trabaja con chicos con discapacidad intelectual.
"Al arrancar, cuando los chicos tienen 3 años, muchos padres no están interiorizados, pero luego la gran mayoría lo saca. Sólo algunos prefieren no tramitarlo porque sienten que están como etiquetando a sus hijos, cosa que no es así", agrega. De todos modos, en su establecimiento el 90% de los alumnos tiene su CUD y el resto alguna cobertura social. Pero si muchos de los posibles beneficiarios no saben de la existencia del CUD, la situación es más grave en la sociedad en general. "Cuando vas a lugares públicos, muchas veces los empleados no saben cómo tratarte ni los beneficios que te corresponden", explica Karina. Por último, Gaba hace foco en otra deuda pendiente: "Tenemos que avanzar en el acceso al diagnóstico que permita a todos los beneficiarios llegar a tramitar el CUD"..



http://www.lanacion.com.ar/1714334-los-beneficios-de-tramitar-el-certificado-unico-de-discapacidad

GARAGE: El que rompe, pincha y ROBA..... paga !

Sigue vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Ley 5007, donde se considerará ineficaz en las playas de estacionamiento la publicación en carteles o tickets de la leyenda la empresa no se responsabiliza por los daños, robos o hurtos que pudieran sufrir los vehículos 

Comprende las playas de estacionamiento vehicular de carácter público o privadas existentes en la Ciudad de Buenos Aires, sean gratuitas o tarifadas, se considerará cláusula ineficaz en los términos del artículo 37 de la Ley Nacional N° 24240, la publicación en carteles, tickets o cualquier otro documento similar entregado por el establecimiento, de la leyenda "La empresa no se responsabiliza por los daños, robos o hurtos que pudieran sufrir los vehículos" o frases similares, que tiendan a evadir la responsabilidad de la empresa.-