FIGURAS LEGALES de las Entidades Civiles

Comparto en el siguiente vídeo una clasificación muy simple, sobre las figuras legales de las OSC / ONG en la República Argentina.- Detallo cuáles son sus denominaciones y tipologías legales y legitimas para las Entidades Civiles y de Economía Social en la República Argentina.-

Algunas Responsabilidades de las OSC / ONG en Argentina

Si vos querés lograr alto impacto social en la OSC / ONG que participas, si querés ocuparte a pleno del objeto social de bien común, si querés hacer lo que te motivó participar en una OSC / ONG.-

Y si los asuntos legales, fiscales y administrativos, no te permiten desenvolverte a pleno, está publicación es para vos.-

Por qué las OSC / ONG deben estar asistidas por profesionales idóneos ?

La respuesta, ausencia de herramientas legales y remedios jurídicos, en aplicar sistemas en prevención de conflictos y de procesos internos.-

Que nos indica algunos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación:

Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción u omisión.

Los asociados no responden en forma directa ni subsidiaria por las deudas de la asociación civil. Su responsabilidad se limita al cumplimiento de los aportes comprometidos al constituirla o posteriormente y al de las cuotas y contribuciones a que estén obligados.

En caso de insuficiencia de los bienes de la asociación simple, el administrador y todo miembro que administra de hecho los asuntos de la asociación es solidariamente responsable de las obligaciones de la simple asociación que resultan de decisiones que han suscripto durante su administración. Los bienes personales de cada una de esas personas no pueden ser afectados al pago de las deudas de la asociación, sino después de haber satisfecho a sus acreedores individuales.

El fundador o asociado que no intervino en la administración de la simple asociación no está obligado por las deudas de ella, sino hasta la concurrencia de la contribución prometida o de las cuotas impagas.

Los fundadores y administradores de la fundación son solidariamente responsables frente a terceros por las obligaciones contraídas hasta el momento en que se obtiene la autorización para funcionar. Los bienes personales de cada uno de ellos pueden ser afectados al pago de esas deudas sólo después de haber sido satisfechos sus acreedores individuales.

Ab. Lucas Orlando

Nueva Obra Jurídica para OSC / ONG Habemus Luis Calcagno para rato

Comparto con Uds. un material de alto nivel jurídico, práctico y de la sana crítica ideológico de llamar a las cosas por su nombre.- "Habemus Luis Calcagno" Así es, nuestro colega a vuelto al ruedo con una obra tan deseada por muchos colegas, muchos profesionales de las OSC y sobre todo muchas Asociaciones Civiles y Fundaciones que encuentran en él sus remedios jurídicos justos.-

"Asociaciones Civiles en el Código Civil y Comercial de la Nación", editorial La Rocca

Enorme felicidad la que me toca a mí de poder disfrutar a un Maestro de nuevo en la cancha y como lamento que la IGJ haya perdido a su Jefe de Departamento de Entidades Civiles y por lo que siempre se ha escuchado en los pasillos de IGJ, más que un Jefe, una persona con vocación de Líder.-

Hoy en día, tantos sismos que hay en dicha área, tantas idas y vueltas, que los cambios no se ven.- Como se te extraña y eso que me toca del lado de estar "caminando" la IGJ.- No me quiero imaginar en sus senos de compañeros.-

No me canso de agradecer por ser motor de revoluciones ideológicas a favor del bien común, me consta de otros colegas de haber escuchado el mismo agradecimiento y de muchas OSC.-

Gracias por volver a leerte en los Libros y que el próximo no se tarde demasiado.-

Comparto algunas imágenes de la ocasión y preste atención a la colega Carla Campos (una próxima  Messi en las canchas), feliz de ver grandes en jugar en la cancha de 11 y con la celeste y blanca.-

Gracias Alfonso La Rocca, por aguantar al maestro, sabiendo de lo que llevo en tiempo, pero lo bueno siempre vale la pena esperar.-

Gracias colega y amigo Gustavo Sosa por ser un gestor de espacios y que estas acciones se lleven en el honor que se merecen estar, en la Casa de los Abogados.-

 

DDJJ PEP en OSC, sus consecuencias.

DDJJ PEP en OSC, sus consecuencias.

Los profesionales que frecuentamos Inspección Gral. de Justicia - IGJ o Dccion. Pcial. Personas Jurídicas - DPPJ,  en distintos trámites de las personas jurídicas que nos encomiendan, muchas veces omitimos involuntariamente controles básicos, ya sea por falta de tiempos y/o rigorismos basados en burocracia de control para nuestros clientes.-  

Un factor de control que no está medido en los honorarios o bien no posee valor de presupuesto, sólo hasta que llega la notificación de incumplimiento.-

Compartimos una publicación de Abogados.com.ar, su fuente.

Confirman sanción de multa aplicada a una escribana que omitió mencionar a sus clientes como Personas Expuestas Políticamente.

En la causa “P. M. A. c/ UIF s/ codigo penal - ley 25246 - dto 290/07 art 25”, la escribana apeló la resolución Nº 134 dictada por el Presidente de la Unidad de Información Financiera el 19 de diciembre de 2017, por la que dispuso aplicarle una multa de $ 80.000.

Cabe destacar que la UIF entendió que “con relación al cargo consistente en no contar con mecanismos de prevención en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en infracción al artículo 4º de la Resolución UIF 21/2011 y su modificatoria, la instrucción consideró que el cargo ha quedado acreditado”, por cuanto  “en ocasión de realizarse la supervisión de autos, la escribana presentó un formulario que estaba desactualizado y que refería, en general, a cuestiones de identificación del cliente”, destacando que “no había aportado prueba alguna durante este procedimiento a fin de revertir la comprobación de este hecho". 

Los jueces que integran la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal consideraron que “el recurso interpuesto por la escribana María A. P., en modo alguno logra desvirtuar los hechos que se le imputan y por los cuales ha sido sancionada”, debido a que “el hecho de que conociera a sus clientes por más de 20 años no la desobliga de cumplir con sus obligaciones de mencionarlos como Personas Expuestas Políticamente; de realizar los perfiles correspondientes y demás normas impuestas por la UIF. A ello cabe agregar que la recurrente no ha producido en esta instancia ni en la administrativa, prueba de no haber cometido los hechos e infracciones que se le achacan”.

En la sentencia dictada el 2 de agosto del presente año, los Dres. Pablo Gallegos Fedriani, Guillermo Treacy y Jorge Federico Alemany recordaron que “resulta constante la jurisprudencia que ha reconocido la posibilidad por parte del Poder Ejecutivo de actuar como juez administrativo, siempre que contra sus resoluciones se deje expedita la instancia judicial y se dé satisfacción al derecho de defensa del infractor (Fallos 205:549)”, aclarando que “el control judicial de las resoluciones jurisdiccionales administrativas, debe ejercitarse para proscribir la irrazonabilidad y prescindencia arbitraria de la ley (Fallos 249:715, entre muchos otros, esta Sala, in re: "Giorno S.A", sentencia del 6-3-96)”.

A ello, los camaristas agregaron que “no puede olvidarse que la Corte Suprema, como se destacara, sólo ha reconocido la posibilidad que la administración aplique sanciones, siempre que la ley así lo autorice y que las decisiones respectivas se encuentren sujetas a "control judicial suficiente"”.

Al rechazar el recurso de apelación presentado, la mencionada Sala resaltó que “los expedientes administrativos, incluso de las empresas estatales, tienen valor de prueba en juicio y para apartarse de sus constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su contenido, siendo necesario que se especifiquen sus fallas suministrando prueba de ellas”, sumado a que “ llegó a establecerse en algunos casos que las constancias administrativas tienen el valor probatorio de instrumentos públicos con fundamento en la presunción de validez y regularidad de los actos de los funcionarios públicos, y ello aun tratándose de las empresas estatales”.

Fallo completo: 

Seminario Abierto Comunicación UdeSA

Como Abogado de la Fundación por el Desarrollo Comunitario Quinta San Andrés, comparto el  siguiente seminario abierto que se dictará en la Universidad San Andrés, una temática tan importante en todas las Instituciones de la Sociedad Civil:

Información e inscripción: Seminario Abierto Comunicación UdeSA

ONG .... CUANDO SON NOTICIAS EN LOS MEDIOS Y NO POR LA SOLIDARIDAD

ONG .... CUANDO SON NOTICIAS EN LOS MEDIOS Y NO POR LA SOLIDARIDAD

 A raíz de la publicación en el diario matutino Clarín en Argentina, donde la Fundación Octubre de los Trabajadores de Edificios, está siendo cuestionada por la no aclaración de la procedencias de sus fondos económicos.- En Noticias judiciales, podemos citar otras referencias más; Fundación Felices los Niños (Caso Padre Grasi y la suerte incierta de muchos niñas y niños que se hospedaban allí), Fundación SUMA (Caso Miccheti, también por cuestiones de sumas de dinero), Asociación Madres Plaza de Mayo (Caso Bonafini y Hnos. Schoklender por irregularidades en el proyecto social Sueños Compartidos), Fundación Marita Verón (Caso Trimarco y sin futuro para tantas mujeres),  y sigue la lista de tantas otras más, con fallos judiciales que sentencian la irregularidad en el cumplimiento del objeto social.-     Instituciones de bien público, que más allá de la lectura subjetiva que pueda ser el lector, por cuestiones de injerencias políticas y/u ideológicas, en la actualidad muchas ONG / OSC se encuentran en litigio que contradicen sus principios, porque a todas se le aplica la misma norma, ya que la Ley es igual para todos.-  Muchas de ellas, han tenido un impacto muy negativo en sus estructuras, donde su riesgo operacional no solamente quedó declarado oficialmente, sino en conocimiento público y con ello han arrastrado al precipicio a tantas otras ONG / OSC, beneficiarios desesperanzados y voluntarios desmoralizados.-

Pero es viable o posible evitar llegar  a esa situación ?

Su respuesta es un SI.- Su receta, es muy simple.- Hacer cumplir el propio Estatuto Social y las normas del Órgano Estatal de Contralor externo como denominador común, desde allí en adelante, podrán estar afectadas a otros cumplimientos normativos.-  Algo que se interpretará como obvio, en la realidad no es tan así, porque la falla podrá existir en un Estatuto Social que ha quedado ajeno a la realidad y que no contempla las nuevas actividades sociales de la ONG / OSC.- O bien, inversamente, los proyectos sociales no se encuentran legitimados en los cuadros jurídicos de la ONG / OSC.- Donde una rendición contable en vez de aclarar oscurece o una redacción legal de actas no contempla la decisión real del seno Directivo de la ONG / OSC o se cree fantasiosamente que si.-    Otras de sus causas en estas fallas, es la subjetividad de muchos miembros sobre la objetividad real que corresponde, también la falta de planificación estratégica, de una ordenada organización interna o lo peor de sus males, no darle la importancia necesaria, bajo una escucha de las ONG / OSC "no pasa nada".-    O por el contrario, se dice, “no es nuestro caso” o “hemos planificado y estamos organizados” o “tenemos contratado a un profesional” y a pesar de ello, las fallas existen, las intimaciones de distintos frentes (algunos internos de los propios miembros) se hacen notar y de allí que se haga público, es una cuestión de chasquidos de dedos.-     Pero con sólo auditar legalmente algunas actas del Órgano Directivo o de Asamblea, se detecta a su lectura, incumplimientos varios y la falta en la prevención legal o lamentablemente, ya declarada la enfermedad organizacional, el RIESGO OPERACIONAL de la ONG / OSC, dejándola en jaque.-  Pero allí ya es tarde, ya somos noticias en los medios y no por la solidaridad.- En estos casos, nuestra propia prensa, nos genera una imagen negativa, que dejamos en duda a nuestro propio barrio o en algunos casos la sospecha o peor, la intimación de la Autoridad competente.-

Sucede muchas veces, que declarada la situación de riesgo operacional de la Entidad, se genere otro frente de conflicto entre sus miembros, es la negación y ocultarlo inconscientemente.- Algo que no queremos conocer ni mucho menos darle eco o difusión.- Algunas Entidades, se justifican manifestando que realizan acciones solidarias para el bien común, bien público y sin fines de lucro, siendo los únicos beneficiarios la Sociedad misma.- Como si eso, fuese suficiente para poseer inmunidad absoluta o tener la Ética Social asegurada, traspasando todo orden legal.-  Cuando muchos fallos judiciales, así lo contradicen.-

En las últimas décadas, hemos conocido públicamente el gran crecimiento de las ONG / OSC, como realmente se las conoce, Organización de la Sociedad Civil, manifestadas a través de las figuras jurídicas de Simples Asociaciones, Asociaciones Civiles o Fundaciones.- Sobran las pruebas, donde las acciones altruistas que realizan en forma diaria, llegan a lugares, donde ni el sector público (Estado) y/o el mismo sector productivo (Empresas) no llegan a dar solución o respuestas a situaciones muy vulnerables en lo social.- Sobran los ejemplos, las respuestas instantánea de las ONG / OSC, ante una crisis social del Estado o las respuestas a catástrofes o tragedias, ya sea naturales u originadas por la acción humana, donde siempre hay una ONG / OSC diciendo presente.-      Y el reconocimiento de sus acciones, que no son otra cosas que cumplir reales impactos sociales de crecimiento social efectivo en la Comunidad que anhelamos vivir, generando equilibrio con nuestro ambiente, nuestros pares, desarrollando, evolucionando, trabajando sobre principios y valores.- Muchas veces dando solución, otras sosteniendo la situación o impulsando a nuevos y mejores desarrollos de vida.-

Asimismo y ya en los últimos años, las ONG / OSC fueron noticias en los medios y no por la solidaridad, sino en la sección de judiciales.- Muchos siguen confiando en “no pasa nada”.- Pero que dirán nuestros beneficiarios, nuestros inversores sociales, nuestras otras ONG / OSC aliadas o lo peor, cuando afecta a la mejor fuente de energía de la entidad, nuestros propios voluntarios y miembros.-   Qué ha pasado con nuestra trayectoria Social, disuelta en poco tiempo ? Cómo seguimos ? Cómo volvemos a generar confianza a la Comunidad o a nuestros compañeros de equipos ?.-     

Las Organizaciones, son personas jurídicas, integrada por personas humanas, donde muchas veces repetimos nuestras actitudes individuales y erramos allí, que las personas dentro de la ONG / OSC están en tránsito.- Porque son las personas jurídicas las que transforman a la Sociedad y transcienden en el tiempo, conforme a un trabajo articulado en equipo y toma de decisiones colectivas con miras en el bien común y público.-

Hoy una vez más, las ONG / OSC son Noticias en los medios y no por su solidaridad.- Cómo evitamos estar en las secciones judiciales, o mejor aún, como evitamos ser intimados por la Autoridad de Contralor Estatal a regularizar ?   Allí es, cuando el estandarte social que mostramos en los logros sociales, debemos aplicarlo internamente en la Organización.- Somos realmente portadores de la voz social ?;  cuando trabajamos con los líderes de una comunidad, en decirles en trabajar a base de principios y valores ? Hacemos lo que decimos ?

Qué solución tenemos ? Abordar desde lo jurídico,  la prevención legal, en la medida que el riesgo operacional no esté declarado, sino allí es ir directo a quirófano y trabajar desde otra forma con un equipo especial de profesionales.-

Cómo se trabaja la prevención legal ? Abordando las herramientas jurídicas adecuadas del “Sistema de Conflictos”, muchas de ellas, la encontraremos en nuestro propio Estatuto Social actualizado, otras serán las nuevas disposiciones y criterios del Ente Estatal de Contralor Externo, conocido como IGJ – Inspección Gral. De Justicia o DPPJ  Dccion. Provincial de Personas Jurídicas, dependiendo la jurisdicción.-   

En mi experiencia de campo social, desde el Voluntariado que ejerzo, hasta las labores Profesionales, me he encontrado con respuestas que todo abordaje en el fortalecimiento institucional es un gasto, que la bandera social de la Solidaridad y el Voluntariado abre puertas y es cierto, en la medida que se encuentre bien organizada o legitimada en su accionar (ver You Tube: Proyectos Sociales Legitimados).- Sino, la ONG / OSC será Noticia en los medios y no por su fin público.- Allí muchas ONG / OSC, consideran que las intervenciones de los Profesionales, es un gasto y no una inversión.-   Al menos en su etapa preventiva de riesgo operacional.- Porque todos sabemos que una vez declarado la enfermedad o la crisis, los costos son mayores y hasta muchas veces imposibles de afrontar los gastos económicos, además de arriesgar el egreso masivo de muchos miembros.-     Cuánto sabemos de las nuevas Responsabilidades Civiles de los integrantes de la ONG / OSC que aplica el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y otras tantas innovadoras normas ?; Cuánto sabemos de la nueva Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas ?;   Cuánto sabemos de los delitos referidos a Penal Económico ?;   Cómo réplica la Ley de Habeas Data y cómo actuamos ante ella ?;    Estamos cumpliendo con la Ley Voluntariado Social y las normas laborales en su caso? (ver You Tube: Monotributo en las ONG);  Cómo trabajamos los derechos de imagen y marca?;   Sabemos cuántas normas se vinculan con las ONG / OSC y cuáles son las consecuencias por su incumplimiento  ?            Concluyo, hasta dónde la intervención de un Profesional idóneo es un gasto o una inversión ?   O en otro orden, que sucede cuándo el Profesional que se encuentra trabajando en la ONG / OSC no es el especialista?     O peor, cuando dicho profesional cometió  mala praxis, porque su incorrecta labor, generó una intimación o un perjuicio a la Entidad ? Donde muchas veces se traslada en forma rápida al campo social, institucional y hasta económico.-   Estamos seguro como ONG / OSC que contamos con los profesionales idóneos y el equipo “staff” para atender las acciones sociales y de bien común ?

Otro tipo de respuestas que se recibe, “estamos atendiendo focos de incendios que nos impide ver más allá”.- Allí está más que manifiesto la falta de prevención y/o fortalecimiento Institucional.- Hasta tanto no generemos un corta fuego, seguiremos estando inmerso en un círculo vicioso, donde tendremos una fecha de vencimiento personal, social e institucional.-  Los problemas seguirán estando como si siempre estuviésemos atajando penales, cuando salgamos de nuestros arcos y podamos avanzar en el campo, podremos estar haciendo los goles tan soñados.- Pero para ello se requiere planificación, organización, un buen equipo de personas y un Director Técnico ideal.-

La solución, para ser evitado a una intimación de la Autoridad o bien ser noticia en los medios,  es cumplir con las normas, no hay otro secreto.-  En algunas jurisdicciones se vive cierto paraíso legal, porque el Organismo de Contralor no realiza las inspecciones de rigor y ello se confunde al que “estamos bien, no pasa nada”.  Pero existen otros cumplimientos normativos conexos que aplican y allí es dónde se necesita un equipo de profesionales y si es interdisciplinario mejor.-    La labor se aborda en forma articulada entre sí, con el Órgano Directivo, la tarea de campo con la participación en sus acciones sociales, la interacción con otros miembros, otros.-     Veamos unos ejemplos de otros sectores de la sociedad pares y por qué nó, hasta hogareño:  el funcionario público (sector público) recién designado, se lanza por sí solo abocarse al cumplimiento de su área, nó, conforma previamente un equipo profesional idóneo que lo asesora y guiará.-     El Comerciante (sector privado o productivo), cuando abre un nuevo local se lanza por sí sólo a ofrecer sus productos sin asistencia de algún profesional ?   En nuestra casa, a caso, no estamos siempre buscando distintas personas para arreglar o mejorar nuestra vida en forma diaria y hacerla más cómoda.-

En ámbito jurídico, no es otra manera que trabajar lo que se conoce como “Legal en acción Primaria” que unas de sus aristas es el abordaje del sistema en prevención de conflictos.- Esta herramienta de “Legal en acción Primaria”, sólo aplica, si uno desea generar verdaderos impactos sociales y que la Institución trascienda en su tiempo.-    Entiéndase verdaderos impactos sociales, a generar cambios reales en el ambiente.-   No se trata de aplicar el modelo asistencialista, ni dar de comer el pescado, ni enseñar a pescar, sino que se trata de generar verdaderos criadores de peces en la Sociedad que participamos.- 

Recuerden que la decisión de no generar una intimación  de la Autoridad competente o de ser Noticias en los medios y no por la solidaridad, corre por cuenta de la ONG / OSC y por ende de la decisión voluntaria conjunta de sus integrantes con objetividad.-

Ab. Lucas Orlando

FUENTES CONSULTADAS Y ANALIZADAS:

Diario Iprofesional, sobre la declaración de quiebra de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.-

Diario Perfil, sobre irregularidades de la Fundación SUMA.-

Diario Clarín, sobre intimación para la Fundación Octubre Trabajadores de Edificios.- 

Diario La Nación , irregularidades de la Fundación para la Innovación y Transferencia de Tecnología (Innova T) como tercerizada en Tecnopolis.-

Peligro para las ONG /OSC con la nueva reforma tributaria

Peligro para las ONG /OSC con la nueva reforma tributaria  

Vitaminas para OSC te lo anunció !!!

Reforma tributaria: advierten que ONGs que dan créditos a sectores vulnerables quedarían alcanzadas por Ganancias

Así lo contempla el proyecto de reforma tributaria; esa disposición contradice a otras leyes, por lo que reclaman una aclaración en la norma que se debate en estos días, o en su reglamentación.

Un artículo del proyecto de ley de reforma tributaria mantiene en estado de alerta a las entidades de microfinanzas en la Argentina. Es el que indica que la exención de Ganancias no alcanzará más a las asociaciones civiles de asistencia social o fundaciones que obtengan sus recursos como fruto de realizar "actividades de crédito o financieras, excepto las inversiones financieras que pudieran realizarse a efectos de preservar el patrimonio social". Esa exclusión no sólo dejaría a las operaciones de estas entidades gravadas por el impuesto a las ganancias , sino también con el IVA y con Ingresos Brutos, según fuentes consultadas por LA NACION.

La letra de la ley, sin embargo, y también según expertos en la materia y algunos funcionarios del propio Gobierno, podría ser aclarada con la reglamentación, para que la actividad específica del microcrédito siga exenta de impuestos. Esa aclaración es impulsada, por caso, desde el Ministerio de Desarrollo Social, donde se busca impulsar a las microfinanzas con políticas activas, como el otorgamiento de créditos accesibles de segundo piso.

Pero la redacción del proyecto de ley, ya aprobado por Diputados y con dictamen de comisión para ser tratado en el Senado, mantiene atentas a las ONG. Las microfinanzas que desarrollan muchas fundaciones o asociaciones civiles, se enmarcan en la definición que da la ley específica de la actividad, la 26.117, aprobada en 2006. Allí se especifica que los microcréditos son préstamos destinados a financiar emprendimientos individuales o asociativos de personas o grupos de bajos recursos, en el marco de la economía social, y que el monto de las operaciones va no más allá del equivalente a doce salarios mínimos (hoy, $ 96.720).

"Este punto de la reforma va a dificultar o incluso va a evitar que haya crédito para la gente que está en la informalidad" no por decisión propia, sino por su situación social y por la vulnerabilidad del entorno en el que desarrolla su actividad, advierte María Silvia Abalo, directora ejecutiva de la Red Argentina de Instituciones de Microcrédito (Radim), que agrupa a entidades sin fines de lucro como Pro Vivienda Social, Banco de la Mujer, Techo, Alternativa 3, Nuestras Huellas, Avanzar y Mujeres 2000. "En nuestro mapeo de instituciones de microcréditos, de septiembre de este año, registramos 63 organizaciones no gubernamentales que otorgan préstamos que, en promedio, son de 8748 pesos", explica Abalo.

Agrega que estas entidades hacen "finanzas de proximidad", con educación financiera y capacitación para emprender y con la meta de generar empleos en zonas de alta vulnerabilidad social. "El Gobierno tiene como un propósito la inclusión financiera y es justamente lo que hacen estas instituciones; pero si se aprueba esta medida, difícilmente vayan a sobrevivir", señala la directiva de Radim.

Una de las cuestiones que plantean los tributaristas consultados, por las cuales entienden que finalmente se aclarará que las entidades de microfinanzas mantendrán la exención, es el hecho de que la mencionada ley de promoción de esta actividad establece, en su artículo 19: "Las operaciones de microcréditos estarán exentas de tributar los impuestos a las ganancias, ganancia mínima presunta, al valor agregado, según corresponda". Joaquín Lopes Alfonso, contador del Radim, agrega que el beneficio de exención para la actividad está también reconocido en la ley del IVA, concretamente en el artículo 7.

¿Qué pasa entonces, si quedan vigentes al menos dos leyes que, en este punto y al menos a primera vista, se contradicen entre sí? "La ley especial es la que prevalece", señala Diego Fraga, abogado especializado en temas tributarios y socio de RCTZZ Abogados. Y en este caso, la ley particular sería la de microcréditos. En ese punto coincide el tributarista César Litvin, socio del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, quien confía en que el espíritu de la ley no es ir contra estas ONG.

Fraga explica que, en el caso de las asociaciones civiles y fundaciones, la existencia de la exención del impuesto a las ganancias determina también las del IVA e Ingresos Brutos. "Generalmente los códigos fiscales locales atan la exención de Ingresos Brutos a la exención de Ganancias", afirma.

Por eso, según señala Lopes Alfonso, si la exención quedara anulada, los intereses de los microcréditos se encarecerían por la aplicación de las diferentes cargas tributarias involucradas. "A efectos de reforzar la no inclusión de la actividad en el pago de Ganancias, lo que pedimos es la aclaración de esta situación en la normativa o en el decreto reglamentario", concluye.

Fuente Diario La Nación

MARCO LEGAL y FISCAL para ONG / OSC

MARCO LEGAL y FISCAL para ONG / OSC - Capacitación gratuita

Inscripción:

https://www.eventbrite.com.ar/e/vitaminas-para-osc-marco-legal-y-fiscal-registration-36367606490

GCBA CONVOCA A OSC / ONG

GCBA Convoca a las OSC / ONG para que presenten sus proyectos sociales y puedan ser financiados por ellos.-

Adjunto flyer para mayor información:

Las ONG en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación

Es un placer enorme poder compartir el artículo de investigación que he realizado para la Editorial Jurídica Microjuris.com.-

Dicho documento lo he dividido en tres etapas: una referida a la descripción normativa para cada una de las figuras legales que se contemplan, me refiero a la Asociación Civil, Fundación y Simple Asociación, una segunda etapa a las generalidades de los actos jurídicos de estas Entidades del Bien Común y la tercera etapa una propuesta de reforma y adecuación real de las normas que debieran regular las Entidades Civiles de Bien Público.-

Comparto el link de acceso al artículo:

Las ONG en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación

LAS ONG / OSC Y EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

Se comparte los capítulos específicos para las Simples Asociaciones, Asociaciones Civiles y Fundaciones, en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que regirá desde el próximo 1ro. de Agosto del 2015,

TITULO II Persona jurídica 
CAPITULO 1 Parte general
SECCION 1ª

Personalidad. Composición

ARTICULO 141.- Definición. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.

ARTICULO 142.- Comienzo de la existencia. La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla.

ARTICULO 143.- Personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros.

Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este Título y lo que disponga la ley especial.

ARTICULO 144.- Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.

Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados.

SECCION 2ª

Clasificación

ARTICULO 145.- Clases. Las personas jurídicas son públicas o privadas.

ARTICULO 146.- Personas jurídicas públicas. Son personas jurídicas públicas:

a) el Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter;

b) los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable;

c) la Iglesia Católica.

ARTICULO 147.- Ley aplicable. Las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su existencia, por las leyes y ordenamientos de su constitución.

ARTICULO 148.- Personas jurídicas privadas. Son personas jurídicas privadas:

a) las sociedades;

b) las asociaciones civiles;

c) las simples asociaciones;

d) las fundaciones;

e) las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas;

f) las mutuales;

g) las cooperativas;

h) el consorcio de propiedad horizontal;

i) toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.

ARTICULO 149.- Participación del Estado. La participación del Estado en personas jurídicas privadas no modifica el carácter de éstas. Sin embargo, la ley o el estatuto pueden prever derechos y obligaciones diferenciados, considerando el interés público comprometido en dicha participación.

ARTICULO 150.- Leyes aplicables. Las personas jurídicas privadas que se constituyen en la República, se rigen:

a) por las normas imperativas de la ley especial o, en su defecto, de este Código;

b) por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y de los reglamentos, prevaleciendo las primeras en caso de divergencia;

c) por las normas supletorias de leyes especiales, o en su defecto, por las de este Título.

Las personas jurídicas privadas que se constituyen en el extranjero se rigen por lo dispuesto en la ley general de sociedades.

SECCION 3ª

Persona jurídica privada

Parágrafo 1°

Atributos y efectos de la personalidad jurídica

ARTICULO 151.- Nombre. La persona jurídica debe tener un nombre que la identifique como tal, con el aditamento indicativo de la forma jurídica adoptada. La persona jurídica en liquidación debe aclarar esta circunstancia en la utilización de su nombre.

El nombre debe satisfacer recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva, tanto respecto de otros nombres, como de marcas, nombres de fantasía u otras formas de referencia a bienes o servicios, se relacionen o no con el objeto de la persona jurídica.

No puede contener términos o expresiones contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres ni inducir a error sobre la clase u objeto de la persona jurídica. La inclusión en el nombre de la persona jurídica del nombre de personas humanas requiere la conformidad de éstas, que se presume si son miembros. Sus herederos pueden oponerse a la continuación del uso, si acreditan perjuicios materiales o morales.

ARTICULO 152.- Domicilio y sede social. El domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar. La persona jurídica que posee muchos establecimientos o sucursales tiene su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos sólo para la ejecución de las obligaciones allí contraídas. El cambio de domicilio requiere modificación del estatuto. El cambio de sede, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administración.

ARTICULO 153.- Alcance del domicilio. Notificaciones. Se tienen por válidas y vinculantes para la persona jurídica todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta.

ARTICULO 154.- Patrimonio. La persona jurídica debe tener un patrimonio.

La persona jurídica en formación puede inscribir preventivamente a su nombre los bienes registrables.

ARTICULO 155.- Duración. La duración de la persona jurídica es ilimitada en el tiempo, excepto que la ley o el estatuto dispongan lo contrario.

ARTICULO 156.- Objeto. El objeto de la persona jurídica debe ser preciso y determinado.

Parágrafo 2°

Funcionamiento

ARTICULO 157.- Modificación del estatuto. El estatuto de las personas jurídicas puede ser modificado en la forma que el mismo o la ley establezcan.

La modificación del estatuto produce efectos desde su otorgamiento. Si requiere inscripción es oponible a terceros a partir de ésta, excepto que el tercero la conozca.

ARTICULO 158.- Gobierno, administración y fiscalización. El estatuto debe contener normas sobre el gobierno, la administración y representación y, si la ley la exige, sobre la fiscalización interna de la persona jurídica.

En ausencia de previsiones especiales rigen las siguientes reglas:

a) si todos los que deben participar del acto lo consienten, pueden participar en una asamblea o reunión del órgano de gobierno, utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta debe ser suscripta por el presidente y otro administrador, indicándose la modalidad adoptada, debiendo guardarse las constancias, de acuerdo al medio utilizado para comunicarse;

b) los miembros que deban participar en una asamblea, o los integrantes del consejo, pueden autoconvocarse para deliberar, sin necesidad de citación previa. Las decisiones que se tomen son válidas, si concurren todos y el temario a tratar es aprobado por unanimidad.

ARTICULO 159.- Deber de lealtad y diligencia. Interés contrario. Los administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia.

No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica. Si en determinada operación los tuvieran por sí o por interpósita persona, deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o en su caso al órgano de gobierno y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación.

Les corresponde implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflictos de intereses en sus relaciones con la persona jurídica.

ARTICULO 160.- Responsabilidad de los administradores. Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción u omisión.

ARTICULO 161.- Obstáculos que impiden adoptar decisiones. Si como consecuencia de la oposición u omisión sistemáticas en el desempeño de las funciones del administrador, o de los administradores si los hubiera, la persona jurídica no puede adoptar decisiones válidas, se debe proceder de la siguiente forma:

a) el presidente, o alguno de los coadministradores, si los hay, pueden ejecutar los actos conservatorios;

b) los actos así ejecutados deben ser puestos en conocimiento de la asamblea que se convoque al efecto dentro de los diez días de comenzada su ejecución;

c) la asamblea puede conferir facultades extraordinarias al presidente o a la minoría, para realizar actos urgentes o necesarios; también puede remover al administrador.

ARTICULO 162.- Transformación. Fusión. Escisión. Las personas jurídicas pueden transformarse, fusionarse o escindirse en los casos previstos por este Código o por la ley especial.

En todos los casos es necesaria la conformidad unánime de los miembros de la persona o personas jurídicas, excepto disposición especial o estipulación en contrario del estatuto.

Parágrafo 3º

Disolución. Liquidación

ARTICULO 163.- Causales. La persona jurídica se disuelve por:

a) la decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida por el estatuto o disposición especial;

b) el cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordinó su existencia;

c) la consecución del objeto para el cual la persona jurídica se formó, o la imposibilidad sobreviviente de cumplirlo;

d) el vencimiento del plazo;

e) la declaración de quiebra; la disolución queda sin efecto si la quiebra concluye por avenimiento o se dispone la conversión del trámite en concurso preventivo, o si la ley especial prevé un régimen distinto;

f) la fusión respecto de las personas jurídicas que se fusionan o la persona o personas jurídicas cuyo patrimonio es absorbido; y la escisión respecto de la persona jurídica que se divide y destina todo su patrimonio;

g) la reducción a uno del número de miembros, si la ley especial exige pluralidad de ellos y ésta no es restablecida dentro de los tres meses;

h) la denegatoria o revocación firmes de la autorización estatal para funcionar, cuando ésta sea requerida;

i) el agotamiento de los bienes destinados a sostenerla;

j) cualquier otra causa prevista en el estatuto o en otras disposiciones de este Título o de ley especial.

ARTICULO 164.- Revocación de la autorización estatal. La revocación de la autorización estatal debe fundarse en la comisión de actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto y el reglamento.

La revocación debe disponerse por resolución fundada y conforme a un procedimiento reglado que garantice el derecho de defensa de la persona jurídica. La resolución es apelable, pudiendo el juez disponer la suspensión provisional de sus efectos.

ARTICULO 165.- Prórroga. El plazo determinado de duración de las personas jurídicas puede ser prorrogado. Se requiere:

a) decisión de sus miembros, adoptada de acuerdo con la previsión legal o estatutaria;

b) presentación ante la autoridad de contralor que corresponda, antes del vencimiento del plazo.

ARTICULO 166.- Reconducción. La persona jurídica puede ser reconducida mientras no haya concluido su liquidación, por decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o la mayoría requerida por la ley o el estatuto, siempre que la causa de su disolución pueda quedar removida por decisión de los miembros o en virtud de la ley.

ARTICULO 167.- Liquidación y responsabilidades. Vencido el plazo de duración, resuelta la disolución u ocurrida otra causa y declarada en su caso por los miembros, la persona jurídica no puede realizar operaciones, debiendo en su liquidación concluir las pendientes.

La liquidación consiste en el cumplimiento de las obligaciones pendientes con los bienes del activo del patrimonio de la persona jurídica o su producido en dinero. Previo pago de los gastos de liquidación y de las obligaciones fiscales, el remanente, si lo hay, se entrega a sus miembros o a terceros, conforme lo establece el estatuto o lo exige la ley.

En caso de infracción responden ilimitada y solidariamente sus administradores y aquellos miembros que, conociendo o debiendo conocer la situación y contando con el poder de decisión necesario para ponerle fin, omiten adoptar las medidas necesarias al efecto.

CAPITULO 2
Asociaciones civiles
SECCION 1ª
Asociaciones civiles

ARTICULO 168.- Objeto. La asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común. El interés general se interpreta dentro del respeto a las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas que no vulneren los valores constitucionales.

No puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por fin el lucro para sus miembros o terceros.

ARTICULO 169.- Forma del acto constitutivo. El acto constitutivo de la asociación civil debe ser otorgado por instrumento público y ser inscripto en el registro correspondiente una vez otorgada la autorización estatal para funcionar. Hasta la inscripción se aplican las normas de la simple asociación.

ARTICULO 170.- Contenido. El acto constitutivo debe contener:

a) la identificación de los constituyentes;

b) el nombre de la asociación con el aditamento “Asociación Civil” antepuesto o pospuesto;

c) el objeto;

d) el domicilio social;

e) el plazo de duración o si la asociación es a perpetuidad;

f) las causales de disolución;

g) las contribuciones que conforman el patrimonio inicial de la asociación civil y el valor que se les asigna. Los aportes se consideran transferidos en propiedad, si no consta expresamente su aporte de uso y goce;

h) el régimen de administración y representación;

i) la fecha de cierre del ejercicio económico anual;

j) en su caso, las clases o categorías de asociados, y prerrogativas y deberes de cada una;

k) el régimen de ingreso, admisión, renuncia, sanciones disciplinarias, exclusión de asociados y recursos contra las decisiones;

l) los órganos sociales de gobierno, administración y representación. Deben preverse la comisión directiva, las asambleas y el órgano de fiscalización interna, regulándose su composición, requisitos de integración, duración de sus integrantes, competencias, funciones, atribuciones y funcionamiento en cuanto a convocatoria, constitución, deliberación, decisiones y documentación;

m) el procedimiento de liquidación;

n) el destino de los bienes después de la liquidación, pudiendo atribuirlos a una entidad de bien común, pública o privada, que no tenga fin de lucro y que esté domiciliada en la República.

ARTICULO 171.- Administradores. Los integrantes de la comisión directiva deben ser asociados. El derecho de los asociados a participar en la comisión directiva no puede ser restringido abusivamente. El estatuto debe prever los siguientes cargos y, sin perjuicio de la actuación colegiada en el órgano, definir las funciones de cada uno de ellos: presidente, secretario y tesorero. Los demás miembros de la comisión directiva tienen carácter de vocales. A los efectos de esta Sección, se denomina directivos a todos los miembros titulares de la comisión directiva. En el acto constitutivo se debe designar a los integrantes de la primera comisión directiva.

ARTICULO 172.- Fiscalización. El estatuto puede prever que la designación de los integrantes del órgano de fiscalización recaiga en personas no asociadas. En el acto constitutivo se debe consignar a los integrantes del primer órgano de fiscalización.

La fiscalización privada de la asociación está a cargo de uno o más revisores de cuentas. La comisión revisora de cuentas es obligatoria en las asociaciones con más de cien asociados.

ARTICULO 173.- Integrantes del órgano de fiscalización. Los integrantes del órgano de fiscalización no pueden ser al mismo tiempo integrantes de la comisión, ni certificantes de los estados contables de la asociación. Estas incompatibilidades se extienden a los cónyuges, convivientes, parientes, aun por afinidad, en línea recta en todos los grados, y colaterales dentro del cuarto grado.

En las asociaciones civiles que establezcan la necesidad de una profesión u oficio específico para adquirir la calidad de socio, los integrantes del órgano de fiscalización no necesariamente deben contar con título habilitante. En tales supuestos la comisión fiscalizadora debe contratar profesionales independientes para su asesoramiento.

ARTICULO 174.- Contralor estatal. Las asociaciones civiles requieren autorización para funcionar y se encuentran sujetas a contralor permanente de la autoridad competente, nacional o local, según corresponda.

ARTICULO 175.- Participación en los actos de gobierno. El estatuto puede imponer condiciones para que los asociados participen en los actos de gobierno, tales como antigüedad o pago de cuotas sociales. La cláusula que importe restricción total del ejercicio de los derechos del asociado es de ningún valor.

ARTICULO 176.- Cesación en el cargo. Los directivos cesan en sus cargos por muerte, declaración de incapacidad o capacidad restringida, inhabilitación, vencimiento del lapso para el cual fueron designados, renuncia, remoción y cualquier otra causal establecida en el estatuto.

El estatuto no puede restringir la remoción ni la renuncia; la cláusula en contrario es de ningún valor. No obstante, la renuncia no puede afectar el funcionamiento de la comisión directiva o la ejecución de actos previamente resueltos por ésta, supuestos en los cuales debe ser rechazada y el renunciante permanecer en el cargo hasta que la asamblea ordinaria se pronuncie. Si no concurren tales circunstancias, la renuncia comunicada por escrito al presidente de la comisión directiva o a quien estatutariamente lo reemplace o a cualquiera de los directivos, se tiene por aceptada si no es expresamente rechazada dentro de los diez días contados desde su recepción.

ARTICULO 177.- Extinción de la responsabilidad. La responsabilidad de los directivos se extingue por la aprobación de su gestión, por renuncia o transacción resueltas por la asamblea ordinaria.

No se extingue:

a) si la responsabilidad deriva de la infracción a normas imperativas;

b) si en la asamblea hubo oposición expresa y fundada de asociados con derecho a voto en cantidad no menor al diez por ciento del total. En este caso quienes se opusieron pueden ejercer la acción social de responsabilidad prevista para las sociedades en la ley especial.

ARTICULO 178.- Participación en las asambleas. El pago de las cuotas y contribuciones correspondientes al mes inmediato anterior es necesario para participar en las asambleas. En ningún caso puede impedirse la participación del asociado que purgue la mora con antelación al inicio de la asamblea.

ARTICULO 179.- Renuncia. El derecho de renunciar a la condición de asociado no puede ser limitado. El renunciante debe en todos los casos las cuotas y contribuciones devengadas hasta la fecha de la notificación de su renuncia.

ARTICULO 180.- Exclusión. Los asociados sólo pueden ser excluidos por causas graves previstas en el estatuto. El procedimiento debe asegurar el derecho de defensa del afectado. Si la decisión de exclusión es adoptada por la comisión directiva, el asociado tiene derecho a la revisión por la asamblea que debe convocarse en el menor plazo legal o estatutariamente posible. El incumplimiento de estos requisitos compromete la responsabilidad de la comisión directiva.

ARTICULO 181.- Responsabilidad. Los asociados no responden en forma directa ni subsidiaria por las deudas de la asociación civil. Su responsabilidad se limita al cumplimiento de los aportes comprometidos al constituirla o posteriormente y al de las cuotas y contribuciones a que estén obligados.

ARTICULO 182.- Intransmisibilidad. La calidad de asociado es intransmisible.

ARTICULO 183.- Disolución. Las asociaciones civiles se disuelven por las causales generales de disolución de las personas jurídicas privadas y también por la reducción de su cantidad de asociados a un número inferior al total de miembros titulares y suplentes de su comisión directiva y órgano de fiscalización, si dentro de los seis meses no se restablece ese mínimo.

ARTICULO 184.- Liquidador. El liquidador debe ser designado por la asamblea extraordinaria y de acuerdo a lo establecido en el estatuto, excepto en casos especiales en que procede la designación judicial o por la autoridad de contralor. Puede designarse más de uno, estableciéndose su actuación conjunta o como órgano colegiado.

La disolución y el nombramiento del liquidador deben inscribirse y publicarse.

ARTICULO 185.- Procedimiento de liquidación. El procedimiento de liquidación se rige por las disposiciones del estatuto y se lleva a cabo bajo la vigilancia del órgano de fiscalización.

Cualquiera sea la causal de disolución, el patrimonio resultante de la liquidación no se distribuye entre los asociados. En todos los casos debe darse el destino previsto en el estatuto y, a falta de previsión, el remanente debe destinarse a otra asociación civil domiciliada en la República de objeto igual o similar a la liquidada.

ARTICULO 186.- Normas supletorias. Se aplican supletoriamente las disposiciones sobre sociedades, en lo pertinente.

SECCION 2ª
Simples asociaciones

ARTICULO 187.- Forma del acto constitutivo. El acto constitutivo de la simple asociación debe ser otorgado por instrumento público o por instrumento privado con firma certificada por escribano público. Al nombre debe agregársele, antepuesto o pospuesto, el aditamento “simple asociación” o “asociación simple”.

ARTICULO 188.- Ley aplicable. Reenvío. Las simples asociaciones se rigen en cuanto a su acto constitutivo, gobierno, administración, socios, órgano de fiscalización y funcionamiento por lo dispuesto para las asociaciones civiles y las disposiciones especiales de este Capítulo.

ARTICULO 189.- Existencia. La simple asociación comienza su existencia como persona jurídica a partir de la fecha del acto constitutivo.

ARTICULO 190.- Prescindencia de órgano de fiscalización. Las simples asociaciones con menos de veinte asociados pueden prescindir del órgano de fiscalización; subsiste la obligación de certificación de sus estados contables.

Si se prescinde del órgano de fiscalización, todo miembro, aun excluido de la gestión, tiene derecho a informarse sobre el estado de los asuntos y de consultar sus libros y registros. La cláusula en contrario se tiene por no escrita.

ARTICULO 191.- Insolvencia. En caso de insuficiencia de los bienes de la asociación simple, el administrador y todo miembro que administra de hecho los asuntos de la asociación es solidariamente responsable de las obligaciones de la simple asociación que resultan de decisiones que han suscripto durante su administración.

Los bienes personales de cada una de esas personas no pueden ser afectados al pago de las deudas de la asociación, sino después de haber satisfecho a sus acreedores individuales.

ARTICULO 192.- Responsabilidad de los miembros. El fundador o asociado que no intervino en la administración de la simple asociación no está obligado por las deudas de ella, sino hasta la concurrencia de la contribución prometida o de las cuotas impagas.

CAPITULO 3
Fundaciones
SECCION 1ª

Concepto, objeto, modo de constitución y patrimonio

ARTICULO 193.- Concepto. Las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen con una finalidad de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas, destinado a hacer posibles sus fines.

Para existir como tales requieren necesariamente constituirse mediante instrumento público y solicitar y obtener autorización del Estado para funcionar.

Si el fundador es una persona humana, puede disponer su constitución por acto de última voluntad.

ARTICULO 194.- Patrimonio inicial. Un patrimonio inicial que posibilite razonablemente el cumplimiento de los fines propuestos estatutariamente es requisito indispensable para obtener la autorización estatal. A estos efectos, además de los bienes donados efectivamente en el acto constitutivo, se tienen en cuenta los que provengan de compromisos de aportes de integración futura, contraídos por los fundadores o terceros.

Sin perjuicio de ello, la autoridad de contralor puede resolver favorablemente los pedidos de autorización si de los antecedentes de los fundadores o de los servidores de la voluntad fundacional comprometidos por la entidad a crearse, y además de las características del programa a desarrollar, resulta la aptitud potencial para el cumplimiento de los objetivos previstos en los estatutos.

SECCION 2ª

Constitución y autorización

ARTICULO 195.- Acto constitutivo. Estatuto. El acto constitutivo de la fundación debe ser otorgado por el o los fundadores o apoderado con poder especial, si se lo hace por acto entre vivos; o por el autorizado por el juez del sucesorio, si lo es por disposición de última voluntad.

El instrumento debe ser presentado ante la autoridad de contralor para su aprobación, y contener:

a) los siguientes datos del o de los fundadores:

i) cuando se trate de personas humanas, su nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad y, en su caso, el de los apoderados o autorizados;

ii) cuando se trate de personas jurídicas, la razón social o denominación y el domicilio, acreditándose la existencia de la entidad fundadora, su inscripción registral y la representación de quienes comparecen por ella;

En cualquier caso, cuando se invoca mandato debe dejarse constancia del documento que lo acredita;

b) nombre y domicilio de la fundación;

c) designación del objeto, que debe ser preciso y determinado;

d) patrimonio inicial, integración y recursos futuros, lo que debe ser expresado en moneda nacional;

e) plazo de duración;

f) organización del consejo de administración, duración de los cargos, régimen de reuniones y procedimiento para la designación de sus miembros;

g) cláusulas atinentes al funcionamiento de la entidad;

h) procedimiento y régimen para la reforma del estatuto;

i) fecha del cierre del ejercicio anual;

j) cláusulas de disolución y procedimiento atinentes a la liquidación y destino de los bienes;

k) plan trienal de acción.

En el mismo instrumento se deben designar los integrantes del primer consejo de administración y las personas facultadas para gestionar la autorización para funcionar.

ARTICULO 196.- Aportes. El dinero en efectivo o los títulos valores que integran el patrimonio inicial deben ser depositados durante el trámite de autorización en el banco habilitado por la autoridad de contralor de la jurisdicción en que se constituye la fundación. Los aportes no dinerarios deben constar en un inventario con sus respectivas valuaciones, suscripto por contador público nacional.

ARTICULO 197.- Promesas de donación. Las promesas de donación hechas por los fundadores en el acto constitutivo son irrevocables a partir de la resolución de la autoridad de contralor que autorice a la entidad para funcionar como persona jurídica. Si el fundador fallece después de firmar el acto constitutivo, las promesas de donación no podrán ser revocadas por sus herederos, a partir de la presentación a la autoridad de contralor solicitando la autorización para funcionar como persona jurídica.

ARTICULO 198.- Cumplimiento de las promesas. La fundación constituida tiene todas las acciones legales para demandar por el cumplimiento de las promesas de donación hechas a su favor por el fundador o por terceros, no siéndoles oponible la defensa vinculada a la revocación hecha antes de la aceptación, ni la relativa al objeto de la donación si constituye todo el patrimonio del donante o una parte indivisa de él, o si el donante no tenía la titularidad dominial de lo comprometido.

ARTICULO 199.- Planes de acción. Con la solicitud de otorgamiento de personería jurídica deben acompañarse los planes que proyecta ejecutar la entidad en el primer trienio, con indicación precisa de la naturaleza, características y desarrollo de las actividades necesarias para su cumplimiento, como también las bases presupuestarias para su realización. Cumplido el plazo, se debe proponer lo inherente al trienio subsiguiente, con idénticas exigencias.

ARTICULO 200.- Responsabilidad de los fundadores y administradores durante la etapa de gestación. Los fundadores y administradores de la fundación son solidariamente responsables frente a terceros por las obligaciones contraídas hasta el momento en que se obtiene la autorización para funcionar. Los bienes personales de cada uno de ellos pueden ser afectados al pago de esas deudas sólo después de haber sido satisfechos sus acreedores individuales.

Gobierno y administración

ARTICULO 201.- Consejo de administración. El gobierno y administración de las fundaciones está a cargo de un consejo de administración, integrado por un mínimo de tres personas humanas. Tiene todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la fundación, dentro de las condiciones que establezca el estatuto.

ARTICULO 202.- Derecho de los fundadores. Los fundadores pueden reservarse por disposición expresa del estatuto la facultad de ocupar cargos en el consejo de administración, así como también la de designar los consejeros cuando se produzca el vencimiento de los plazos de designación o la vacancia de alguno de ellos.

ARTICULO 203.- Designación de los consejeros. La designación de los integrantes del consejo de administración puede además ser conferida a instituciones públicas y a entidades privadas sin fines de lucro.

ARTICULO 204.- Carácter de los consejeros. Los miembros del consejo de administración pueden ser permanentes o temporarios. El estatuto puede establecer que determinadas decisiones requieran siempre el voto favorable de los primeros, como que también quede reservada a éstos la designación de los segundos.

ARTICULO 205.- Comité ejecutivo. El estatuto puede prever la delegación de facultades de administración y gobierno a favor de un comité ejecutivo integrado por miembros del consejo de administración o por terceros, el cual debe ejercer sus funciones entre los períodos de reunión del consejo, y con rendición de cuentas a él. Puede también delegar facultades ejecutivas en una o más personas humanas, sean o no miembros del consejo de administración.

De acuerdo con la entidad de las labores encomendadas, el estatuto puede prever alguna forma de retribución pecuniaria a favor de los miembros del comité ejecutivo.

ARTICULO 206.- Carácter honorario del cargo. Los miembros del consejo de administración no pueden recibir retribuciones por el ejercicio de su cargo, excepto el reembolso de gastos, siendo su cometido de carácter honorario.

ARTICULO 207.- Reuniones, convocatorias, mayorías, decisiones y actas. El estatuto debe prever el régimen de reuniones ordinarias y extraordinarias del consejo de administración, y en su caso, del comité ejecutivo si es pluripersonal, así como el procedimiento de convocatoria. El quórum debe ser el de la mitad más uno de sus integrantes. Debe labrarse en libro especial acta de las deliberaciones de los entes mencionados, en la que se resuma lo que resulte de cada convocatoria con todos los detalles más relevantes de lo actuado.

Las decisiones se toman por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes, excepto que la ley o el estatuto requieran mayorías calificadas. En caso de empate, el presidente del consejo de administración o del comité ejecutivo tiene doble voto.

ARTICULO 208.- Quórum especial. Las mayorías establecidas en el artículo 207 no se requieren para la designación de nuevos integrantes del consejo de administración cuando su concurrencia se ha tornado imposible.

ARTICULO 209.- Remoción del consejo de administración. Los miembros del consejo de administración pueden ser removidos con el voto de por lo menos las dos terceras partes de los integrantes del cuerpo. El estatuto puede prever la caducidad automática de los mandatos por ausencias injustificadas y reiteradas a las reuniones del consejo.

ARTICULO 210.- Acefalía del consejo de administración. Cuando existan cargos vacantes en el consejo de administración en grado tal que su funcionamiento se torne imposible, y no pueda tener lugar la designación de nuevos miembros conforme al estatuto, o éstos rehúsen aceptar los cargos, la autoridad de contralor debe proceder a reorganizar la administración de la fundación, a designar sus nuevas autoridades, y a modificar el estatuto en las partes pertinentes.

ARTICULO 211.- Derechos y obligaciones de los integrantes del consejo de administración. Los integrantes del consejo de administración se rigen, respecto de sus derechos y obligaciones, por la ley, por las normas reglamentarias en vigor, por los estatutos, y, subsidiariamente, por las reglas del mandato. En caso de violación por su parte de normas legales, reglamentarias o estatutarias, son pasibles de la acción por responsabilidad que pueden promover tanto la fundación como la autoridad de contralor, sin perjuicio de las sanciones de índole administrativa y las medidas que esta última pueda adoptar respecto de la fundación y de los integrantes del consejo.

ARTICULO 212.- Contrato con el fundador o sus herederos. Todo contrato entre la fundación y los fundadores o sus herederos, con excepción de las donaciones que éstos hacen a aquélla, debe ser sometido a la aprobación de la autoridad de contralor, y es ineficaz de pleno derecho sin esa aprobación. Esta norma se aplica a toda resolución del consejo de administración que directa o indirectamente origina en favor del fundador o sus herederos un beneficio que no está previsto en el estatuto.

ARTICULO 213.- Destino de los ingresos. Las fundaciones deben destinar la mayor parte de sus ingresos al cumplimiento de sus fines. La acumulación de fondos debe llevarse a cabo únicamente con objetos precisos, tales como la formación de un capital suficiente para el cumplimiento de programas futuros de mayor envergadura, siempre relacionados al objeto estatutariamente previsto. En estos casos debe informarse a la autoridad de contralor, en forma clara y concreta, sobre esos objetivos buscados y la factibilidad material de su cumplimiento. De igual manera, las fundaciones deben informar de inmediato a la autoridad de contralor la realización de gastos que importen una disminución apreciable de su patrimonio.

SECCION 4ª

Información y contralor

ARTICULO 214.- Deber de información. Las fundaciones deben proporcionar a la autoridad de contralor de su jurisdicción toda la información que ella les requiera.

ARTICULO 215.- Colaboración de las reparticiones oficiales. Las reparticiones oficiales deben suministrar directamente a la autoridad de contralor la información y asesoramiento que ésta les requiera para una mejor apreciación de los programas proyectados por las fundaciones.

SECCION 5ª

Reforma del estatuto y disolución

ARTICULO 216.- Mayoría necesaria. Cambio de objeto. Excepto disposición contraria del estatuto, las reformas requieren por lo menos el voto favorable de la mayoría absoluta de los integrantes del consejo de administración y de los dos tercios en los supuestos de modificación del objeto, fusión con entidades similares y disolución. La modificación del objeto sólo es procedente cuando lo establecido por el fundador ha llegado a ser de cumplimiento imposible.

ARTICULO 217.- Destino de los bienes. En caso de disolución, el remanente de los bienes debe destinarse a una entidad de carácter público o a una persona jurídica de carácter privado cuyo objeto sea de utilidad pública o de bien común, que no tenga fin de lucro y que esté domiciliada en la República. Esta disposición no se aplica a las fundaciones extranjeras.

Las decisiones que se adopten en lo relativo al traspaso del remanente de los bienes requieren la previa aprobación de la autoridad de contralor.

ARTICULO 218.- Revocación de las donaciones. La reforma del estatuto o la disolución y traspaso de los bienes de la fundación, motivados por cambios en las circunstancias que hayan tornado imposible el cumplimiento de su objeto conforme a lo previsto al tiempo de la creación del ente y del otorgamiento de su personería jurídica, no da lugar a la acción de revocación de las donaciones por parte de los donantes o sus herederos, a menos que en el acto de celebración de tales donaciones se haya establecido expresamente como condición resolutoria el cambio de objeto.

SECCION 6ª

Fundaciones creadas por disposición testamentaria

ARTICULO 219.- Intervención del Ministerio Público. Si el testador dispone de bienes con destino a la creación de una fundación, incumbe al Ministerio Público asegurar la efectividad de su propósito, en forma coadyuvante con los herederos y el albacea testamentario, si lo hubiera.

ARTICULO 220.- Facultades del juez. Si los herederos no se ponen de acuerdo entre sí o con el albacea en la redacción del estatuto y del acta constitutiva, las diferencias son resueltas por el juez de la sucesión, previa vista al Ministerio Público y a la autoridad de contralor.

SECCION 7ª

Autoridad de contralor

ARTICULO 221.- Atribuciones. La autoridad de contralor aprueba los estatutos de la fundación y su reforma; fiscaliza su funcionamiento y el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias a que se halla sujeta, incluso la disolución y liquidación.

ARTICULO 222.- Otras facultades. Además de las atribuciones señaladas en otras disposiciones de este Código, corresponde a la autoridad de contralor:

a) solicitar de las autoridades judiciales la designación de administradores interinos de las fundaciones cuando no se llenan las vacantes de sus órganos de gobierno con perjuicio del desenvolvimiento normal de la entidad o cuando carecen temporariamente de tales órganos;

b) suspender, en caso de urgencia, el cumplimiento de las deliberaciones o resoluciones contrarias a las leyes o los estatutos, y solicitar a las autoridades judiciales la nulidad de esos actos;

c) solicitar a las autoridades la suspensión o remoción de los administradores que hubieran violado los deberes de su cargo, y la designación de administradores provisorios;

d) convocar al consejo de administración a petición de alguno de sus miembros, o cuando se compruebe la existencia de irregularidades graves.

ARTICULO 223.- Cambio de objeto, fusión y coordinación de actividades. Corresponde también a la autoridad de contralor:

a) fijar el nuevo objeto de la fundación cuando el establecido por el o los fundadores es de cumplimiento imposible o ha desaparecido, procurando respetar en la mayor medida posible la voluntad de aquéllos. En tal caso, tiene las atribuciones necesarias para modificar los estatutos de conformidad con ese cambio;

b) disponer la fusión o coordinación de actividades de dos o más fundaciones cuando se den las circunstancias señaladas en el inciso a) de este artículo, o cuando la multiplicidad de fundaciones de objeto análogo hacen aconsejable la medida para su mejor desenvolvimiento y sea manifiesto el mayor beneficio público.

ARTICULO 224.- Recursos. Las decisiones administrativas que denieguen la autorización para la constitución de la fundación o retiren la personería jurídica acordada pueden recurrirse judicialmente en los casos de ilegitimidad y arbitrariedad.

Igual recurso cabe si se trata de fundación extranjera y se deniegue la aprobación requerida por ella o, habiendo sido concedida, sea luego revocada.

El recurso debe sustanciar con arreglo al trámite más breve que rija en la jurisdicción que corresponda, por ante el tribunal de apelación con competencia en lo civil, correspondiente al domicilio de la fundación.

Los órganos de la fundación pueden deducir igual recurso contra las resoluciones que dicte la autoridad de contralor en la situación prevista en el inciso b) del artículo 223.

Lucas Andrés Orlando
Abogado especialista en Organizaciones con fines Sociales​Derecho Sanitario y Sistema de Conflictos.​

Cel. (54-9-11) 15-4970-9770 - Tel./ Fax (54-11) 4374-9475

 Lavalle 1763 - Piso 4to. Ofic. 2 - Ciudad de Bs. As. - Argentina - C1048AAO
orlandoabogados@gmail.com ////www.facebook.com/lucas.orlando2

Skype: Lucas.Orlando22  ///  www.derechocomunitarioparaosc.blogspot.com.ar