Cerca del 90% de las ONG funciona en la informalidad.
Las organizaciones no se registran por estar muy concentradas en su día a día, por falta de recursos, desinformación o trabas burocráticas y regulatorias
06 mayo, 2013
La informalidad de las ONG / OSC en Argentina
Abogado especialista en 1) Organizaciones Sociales tales como OSC / ONG, 2) Derecho Pre Hospitalario y 3) Sistema de Conflicto - Negociación.-
28 abril, 2013
NUEVO REGISTRO DE OSC
NUEVO REGISTRO DE OSC
El GCBA convoca a las OSC / ONG con fines educativos en apoyo escolar a inscribirse en un nuevo registro.
El GCBA convoca a las Organizaciones de la Sociedad Civil – OSC, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y que tenga por objeto social el APOYO ESCOLAR a sumarse a su equipo de fortalecimiento institucional educativo. Donde entre las acciones a realizar, se podrá co-participar en distintos programas públicos y oficiales, tener preferencias en la presentación de proyectos a subsidiar, recibir capacitación y materiales, difundir sus acciones, otros.
Hay tiempo hasta el 03.05.2013, deberán completar el formulario, haciendo clik aquí.
Bases y condiciones haciendo clik aquí.
Más información en: www.buenosaires.gob.ar/educacion o a los teléfonos 4343-5592 / 5593 o al correo electrónico inclusioneducativa@bue.edu.ar
Fuente: Derecho Comunitario para OSC – Blog (De Lucas Orlando)
Abogado especialista en 1) Organizaciones Sociales tales como OSC / ONG, 2) Derecho Pre Hospitalario y 3) Sistema de Conflicto - Negociación.-
02 abril, 2013
DIEZ CONSEJOS LEGALES PRÁCTICOS, para actuar pos inundación, por daños materiales.
DIEZ CONSEJOS LEGALES PRACTICOS, para actuar
pos inundación, por daños materiales.
1) Saque
fotos de los daños sufridos. Puede perfeccionar esa prueba, haciendo intervenir
un Escribano Público. Los periódicos y las notas de TV o circuito de video ayudan.
2) Describa
y sea objetivo en los daños materiales, producto por la inundación.
3) Detalle
los perjuicios en las consecuencias de esos daños materiales, que después
ocasionan.
4) Especifique
quiénes podrían ser los distintos responsables, en forma alterna o lo conocido como
responsabilidad solidaria. Por ejemplo; la Autoridad Gubernamental, una
Empresa, un Consorcio, una Obra en Construcción, la explotación de un garaje, una Concesionaria
Pública de Servicio y/o autopista o caminos, Cia. de Seguros, otros.
5) Visualice
cuál es su pretensión de pedido concreto. La reposición de la cosa y/o la indemnización
en dinero.
6) Resuma
los ítems 1, 2, 3 y 5 en una carta, para ser presentadas en cada una de las
Oficinas que correspondan. Siempre con un acuse recibo de recepción. Puede
perfeccionar esta presentación enviando una carta documento.
7) Dependiendo
de la respuesta o silencio que tenga de esa presentación, podrá seguir la
actuación por la vía de resolución alternativa de conflictos en sedes del
Gobierno (son gratuitas) o bien preparar la vía judicial.
8) Ante mayores dudas, acudir a un abogada/o,
incluyendo en las distintas asesorías gratuitas que hay en Instituciones de
bien público. También podrá buscar un profesional en el Colegio de Abogados de
la Cap. Fed. o de cada Dto. Judicial si
fuese Pcia. de Bs. As.
9) No deje de reclamar vía telefónica la reposición de los servicios básicos de
Luz, agua, telefonía o gas, pidiendo siempre número de reclamo.
10) Si
en los días sucesivos y en pos de los daños y perjuicios sufrido, se ve
obligado a recurrir a nuevas prestaciones y/o servicios, no olvide de guardar
los comprobantes de pagos y/o tickets.
La
figura legal que se hace referencia, es de RESPONSABILIDAD CIVIL. Si bien un hecho de la
naturaleza se considera como un caso fortuito, pero como tal se repite en el
tiempo, la misma pudo ser prevista o en
su defecto evitarse sus consecuencias.
El
presente se remite en lo que yo considero como Responsabilidad Social
Profesional, compartiendo herramientas legales prácticas. Existen Asociaciones de Defensa del Consumidor,
las Defensorías del Pueblo de cada jurisdicción, Universidades en Carrera de
Derecho, Poder Judicial, otros, que muchas seguramente son gratuitas.
HAGA VALER SU
DERECHO y seamos solidarios con nuestros vecinos.
Lucas Andrés Orlando
Abogado especialista en Organizaciones con fines Sociales
Cel. (54-9-11) 15-4970-9770 - Tel./ Fax (54-11) 4374-9475
Lavalle 1763 - Piso 4to. Ofic. 2 - Ciudad de Bs. As. - Argentina - C1048AAO
orlandoabogados@gmail.com //// Derecho Comunitario para OSC - Blogspot/
Abogado especialista en Organizaciones con fines Sociales
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13 marzo, 2013
Los chicos no trabajan, juegan
Una iniciativa que cuenta con el aval de Diputados
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado emitió un dictamen favorable para proyecto que establece una pena de cuatro años de prisión para quien ejerza la explotación laboral infantil. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, participó de debate.
“Existe el trabajo infantil, sin lugar a dudas, pero hay que combatirlo y erradicarlo incluso de la buena conciencia”, expresó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en la última reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara Alta. Su intervención se refería al proyecto de Ley aprobado en Diputados que establece nuevas penas para quienes ejerzan la explotación laboral infantil.
Según consigna el texto de la iniciativa aprobada por los integrantes de la Comisión, “será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que aprovechare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave”.
Al mismo tiempo, la nueva normativa estipula que “quedan exceptuadas las tareas que tuvieran fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente. No será punible el padre, madre, tutor o encargado del niño o niña que incurriere en la conducta descripta”.
Los autores del proyecto son los diputados Héctor Recalde (FpV), Martín Sabatella (Nuevo Encuentro), Carlos Heller (Nuevo Encuentro) y Jorge Rivas (FpV – PJ), y los ex integrantes de la Cámara Baja, Aníbal Ibarra (FpV), Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro).
Entre las precisiones brindadas en su intervención, el ministro Tomada destacó que “no hay ninguna razón económica que justifique la explotación de un niño”. En este mismo sentido, también consignó que “El peor daño es aquella mirada que pretende argumentar cierta normalidad del trabajo infantil”.
Al mismo tiempo, el titular de la cartera de Trabajo expresó que hay una serie de iniciativas en torno a estas cuestiones para tratar de atacar el problema de raíz, que se tomó como "una tarea federal con la que las provincias están colaborando activamente".
A la vez, Tomada esbozó una crítica por el tratamiento tardío y lento de una iniciativa que ya cuenta con el aval de la Cámara de Diputados. El ministro resaltó que "este proyecto de ley afecta intereses económicos. Nunca imaginé que una ley en la que, seguramente, desde los valores todos estamos dispuestos a aprobar, iba a tener semejante cantidad de obstáculos para avanzar".
"Venimos a pedir la sanción de esta ley porque las herramientas con las que hoy contamos no son suficientes", explicó el ministro.
Entre otras cuestiones, Tomada también resaltó que "quien explote a un menor debe merecer una sanción penal", ya que "no solamente se vulneran los derechos de la niñez, sino que aquel que trabaja de niño queda vulnerado para su desarrollo posterior".
Para ver el proyecto, haga clik aqui
Fuente Diario Judicial
Según consigna el texto de la iniciativa aprobada por los integrantes de la Comisión, “será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que aprovechare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave”.
Al mismo tiempo, la nueva normativa estipula que “quedan exceptuadas las tareas que tuvieran fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente. No será punible el padre, madre, tutor o encargado del niño o niña que incurriere en la conducta descripta”.
Los autores del proyecto son los diputados Héctor Recalde (FpV), Martín Sabatella (Nuevo Encuentro), Carlos Heller (Nuevo Encuentro) y Jorge Rivas (FpV – PJ), y los ex integrantes de la Cámara Baja, Aníbal Ibarra (FpV), Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro).
Entre las precisiones brindadas en su intervención, el ministro Tomada destacó que “no hay ninguna razón económica que justifique la explotación de un niño”. En este mismo sentido, también consignó que “El peor daño es aquella mirada que pretende argumentar cierta normalidad del trabajo infantil”.
Al mismo tiempo, el titular de la cartera de Trabajo expresó que hay una serie de iniciativas en torno a estas cuestiones para tratar de atacar el problema de raíz, que se tomó como "una tarea federal con la que las provincias están colaborando activamente".
A la vez, Tomada esbozó una crítica por el tratamiento tardío y lento de una iniciativa que ya cuenta con el aval de la Cámara de Diputados. El ministro resaltó que "este proyecto de ley afecta intereses económicos. Nunca imaginé que una ley en la que, seguramente, desde los valores todos estamos dispuestos a aprobar, iba a tener semejante cantidad de obstáculos para avanzar".
"Venimos a pedir la sanción de esta ley porque las herramientas con las que hoy contamos no son suficientes", explicó el ministro.
Entre otras cuestiones, Tomada también resaltó que "quien explote a un menor debe merecer una sanción penal", ya que "no solamente se vulneran los derechos de la niñez, sino que aquel que trabaja de niño queda vulnerado para su desarrollo posterior".
Para ver el proyecto, haga clik aqui
Fuente Diario Judicial
Abogado especialista en 1) Organizaciones Sociales tales como OSC / ONG, 2) Derecho Pre Hospitalario y 3) Sistema de Conflicto - Negociación.-
¿Tarifa "social" para el subte?
La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, presentó en la Legislatura porteña una iniciativa por medio de la cual propone una “tarifa social y/o franquicia de pago”, para los usuarios del sistema de transporte público subterráneo de pasajeros.
Alicia Pierini, Defensora del Pueblo porteña, presentó el martes pasado en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de Ley mediante el cual propone la incorporación de una “tarifa social y/o franquicia de pago” para los usuarios del Subte como una “herramienta de inclusión social”.
Alicia Pierini, Defensora del Pueblo porteña, presentó el martes pasado en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de Ley mediante el cual propone la incorporación de una “tarifa social y/o franquicia de pago” para los usuarios del Subte como una “herramienta de inclusión social”.
El proyecto contempla como beneficiarios de la tarifa a los “maestros de establecimientos públicos de la Ciudad”; “trabajadores que acrediten cobrar el salario mínimo vital y móvil” y “los estudiantes secundarios y de nivel terciario no universitario que concurran a establecimientos estatales o privados con subsidio del estado”.
En el caso de maestros y trabajadores la reducción de tarifa sería del 60% del total de la misma; en tanto que para los estudiantes recibirían un subsidio que ascendería al 80% de la tarifa y comprendería los viajes realizados en días hábiles.
Asimismo, el proyecto plantea que los estudiantes primarios durante el período lectivo; las personas discapacitadas; quienes reciban la Asignación Universal por Hijo, los beneficiarios del Programa Ciudadanía Porteña; Ticket Social u otro programa análogo del beneficio social o provincial y jubilados y pensionados con haberes mínimos serán subsidiados con el 100 % de la tarifa del pasaje.
La iniciativa, también plantea que la empresa concesionaria (Metrovías) implemente “las modificaciones necesarias en el sistema informático que permitan la utilización de la tarjeta SUBE, como así también disponer el uso corriente de tarjetas que cubran diez viajes al precio de cuatro u dos, y/o pases gratuitos, según corresponda”.
“Ante el inminente aumento de la tarifa al usuario, a fin de garantizar los derechos constitucionales de acceso a los servicios públicos de transporte resulta imprescindible generar los mecanismos necesarios para el uso general y sin restricciones del servicio, específicamente respecto de la población más vulnerable de la región metropolitana”, consigna entre sus fundamentos el proyecto.
“La proyectada fijación de la tarifa para el usuario al valor de $ 3,50 (tres pesos con cincuenta centavos) generará innegables dificultades para afrontarla en determinados sectores de la población. El costo de un viaje redondo (ida y vuelta) será, sin contar otros servicios adicionales, (transporte automotor de pasajeros y/o ferroviario de superficie) de al menos de $ 7,00 (siete pesos) diarios por persona, equivalentes a $140 (ciento cuarenta pesos mensuales) si se realizan 5 viajes semanales. En casos de grupos familiares o con hijos menores la cifra puede fácilmente duplicarse, triplicarse o cuadriplicarse”, explica el texto de la iniciativa.
Para ver el proyecto, hacer clik aquí.
Fuente: Diario Judicial
Abogado especialista en 1) Organizaciones Sociales tales como OSC / ONG, 2) Derecho Pre Hospitalario y 3) Sistema de Conflicto - Negociación.-
05 marzo, 2013
La IGJ detectó más de 500 fallecidos entre Asociaciones Civiles, Fundaciones y Sociedades Comerciales como vivos.
Existen más de 500 sociedades constituidas por muertos
MIRAR PARA OTRO LADO
La Inspección General de Justicia está en pleno conocimiento de la existencia de sociedades conformadas por personas fallecidas, muchas de ellas en calidad de miembros de directorio o consejo de administración, funciones para las cuales se requiere de manera casi constante sus firmas.
Otras inclusive, hasta presentaron trámites a nombre de individuos cuyo deceso se produjo alrededor de 20 años atrás.
En ocasiones, no se dio cuenta a la IGJ de tal suceso y se continuó la operatoria normal del ente sin designar reemplazante.
En otras en cambio, el fallecido tuvo calidad de tal, previo a que la sociedad se inscribiera en dicho organismo con su propia firma.
Asimismo, pudo detectarse que un mismo difunto cumplía funciones en varias empresas de manera simultánea.
La mayoría de las veces se constató que el fallecido era presidente, práctica con la que suelen ocultarse pagos indebidos o evadir impuestos, cuando posteriormente se cambian autoridades y desaparecen del Boletín Oficial.
Conforme surge del Registro Nacional de Sociedades, existen actualmente más de 24 mil sociedades activas en las que los muertos, firmaron diferentes tipos de documentos que permitieron la continuidad habitual de las empresas.
Entre sociedades comerciales y asociaciones civiles, la cantidad de casos análogos supera el medio millar.
Pero lo más curioso de todo no es lo descripto, sino que al parecer, para los propios organismos oficiales encargados del contralor, la cuestión carece de relevancia. Tanto es así, que aún contando con las evidencias, solo alguna que otra vez, se materializó alguna tímida denuncia judicial, que por supuesto, nunca dejó de ser eso.
Abogado especialista en 1) Organizaciones Sociales tales como OSC / ONG, 2) Derecho Pre Hospitalario y 3) Sistema de Conflicto - Negociación.-
La Defensoría del Pueblo alerta sobre el alto índice de muertos y lesionados en siniestros de tránsito
La Defensoría del Pueblo alerta sobre el alto índice de muertos y lesionados en siniestros de tránsito
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaboró un nuevo informe sobre siniestros viales que comprende el primer semestre de 2012, donde se advierte un panorama alarmante sobre el alto índice de siniestros viales ocurridos en la ciudad de Buenos Aires.
Motociclistas y peatones y jóvenes se transformaron en los grupos más vulnerables.
Durante el primer semestre del 2012 hubo un total de 5.032 personas víctimas de siniestros viales, de las cuales 4.996 sufrieron lesiones y 36 fallecieron.
En relación con este período del año pasado, el número de lesionados mantiene las mismas cifras y se advierte un descenso en la cantidad de víctimas fatales.
Los motociclistas se transformaron en el principal grupo de riesgo
El primer semestre de este año ratifica la situación que esta Defensoría viene advirtiendo desde hace unos años: Los conductores de motocicletas se están convirtiendo en el grupo con cifras más altas de siniestros, con un total de 1.956 victimas lesionadas y 12 víctimas fatales. Este aumento que se experimenta año tras año está probablemente asociado al incremento de motos que circulan en la vía pública de la Ciudad. La Defensora del Pueblo, Alicia Pierini, considera necesario y urgente que “en este nuevo escenario se vuelve prioritaria la toma de medidas relacionas al control de este tipo de vehículos, la mejora de la infraestructura urbana para esta forma de movilidad, así como también el control y regulación de las formas laborales que utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo”.
Víctimas según tipo de movilidad
Los peatones tienen una mayor probabilidad de morir ante un siniestro vial por la alta vulnerabilidad generada por la ausencia de elementos de protección. De cada 1.000 lesionados que circulaban en auto o moto han muerto alrededor de 6 personas, de cada 1.000 personas atropelladas han fallecido 11.
Para el caso de los ciclistas se hace necesario promover intensivamente el uso de casco, que si bien no presentan una elevada cantidad de víctimas, muestran un riesgo de mortalidad ante un evento de tránsito similar al de los peatones.
Víctimas por sexo
Del total de lesionados, 3523 corresponde al sexo masculino y 1470 al femenino. Sobre las muertes, están representados en 29 hombres y 7 mujeres. Estas diferencias alertan sobre la existencia de un accionar más riesgoso en la vía pública por parte de los varones, muchas veces asociado a la ingesta de alcohol y a la excesiva velocidad.
Víctimas por edad
El riesgo en la vía pública parece también estar asociado a los grupos más jóvenes, en tanto se presentan como los principales afectados. Los datos exponen que alrededor de las 35% de las víctimas tenía edades comprendidas entre los 20 y los 29 años.
Las estadísticas son de elaboración propia de la Defensoría del Pueblo y fueron construidas tomando como fuente primaria la información relevada en todas las comisarías.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaboró un nuevo informe sobre siniestros viales que comprende el primer semestre de 2012, donde se advierte un panorama alarmante sobre el alto índice de siniestros viales ocurridos en la ciudad de Buenos Aires.
Motociclistas y peatones y jóvenes se transformaron en los grupos más vulnerables.
Durante el primer semestre del 2012 hubo un total de 5.032 personas víctimas de siniestros viales, de las cuales 4.996 sufrieron lesiones y 36 fallecieron.
En relación con este período del año pasado, el número de lesionados mantiene las mismas cifras y se advierte un descenso en la cantidad de víctimas fatales.
Los motociclistas se transformaron en el principal grupo de riesgo
El primer semestre de este año ratifica la situación que esta Defensoría viene advirtiendo desde hace unos años: Los conductores de motocicletas se están convirtiendo en el grupo con cifras más altas de siniestros, con un total de 1.956 victimas lesionadas y 12 víctimas fatales. Este aumento que se experimenta año tras año está probablemente asociado al incremento de motos que circulan en la vía pública de la Ciudad. La Defensora del Pueblo, Alicia Pierini, considera necesario y urgente que “en este nuevo escenario se vuelve prioritaria la toma de medidas relacionas al control de este tipo de vehículos, la mejora de la infraestructura urbana para esta forma de movilidad, así como también el control y regulación de las formas laborales que utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo”.
Víctimas según tipo de movilidad
Los peatones tienen una mayor probabilidad de morir ante un siniestro vial por la alta vulnerabilidad generada por la ausencia de elementos de protección. De cada 1.000 lesionados que circulaban en auto o moto han muerto alrededor de 6 personas, de cada 1.000 personas atropelladas han fallecido 11.
Para el caso de los ciclistas se hace necesario promover intensivamente el uso de casco, que si bien no presentan una elevada cantidad de víctimas, muestran un riesgo de mortalidad ante un evento de tránsito similar al de los peatones.
Víctimas por sexo
Del total de lesionados, 3523 corresponde al sexo masculino y 1470 al femenino. Sobre las muertes, están representados en 29 hombres y 7 mujeres. Estas diferencias alertan sobre la existencia de un accionar más riesgoso en la vía pública por parte de los varones, muchas veces asociado a la ingesta de alcohol y a la excesiva velocidad.
Víctimas por edad
El riesgo en la vía pública parece también estar asociado a los grupos más jóvenes, en tanto se presentan como los principales afectados. Los datos exponen que alrededor de las 35% de las víctimas tenía edades comprendidas entre los 20 y los 29 años.
Las estadísticas son de elaboración propia de la Defensoría del Pueblo y fueron construidas tomando como fuente primaria la información relevada en todas las comisarías.
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